El grupo de trabajo sobre la gestión en residencias y las personas con discapacidad celebra una nueva reunión.
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El pasado 23 de junio el grupo de trabajo nacido a raíz de la crisis de la COVID-19 celebró una nueva sesión para abordar alternativas a la institucionalización, partiendo del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad de las personas con discapacidad.
La sesión contó con Amalia Gamo, Vice-Chair del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que presentó la labor que está realizando el CDPD para avanzar hacia modelos de desinstitucionalización. Según indicaba, este asunto ocupa, no solo a la región iberoamericana, si no que el Comité enfatiza sus recomendaciones a todos los países, ya que la desinstitucionalización es un asunto que avanza lentamente, aun siendo un asunto que está directamente relacionado con la no discriminación y el igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad.
El CDPD tiene un Grupo de Trabajo específico sobre Desinstitucionalización que está preparando unas Directrices para los estados parte que estarán publicadas en poco tiempo. De momento, se han celebrado consultas regionales para ofrecer una oportunidad a las personas con discapacidad de expresar sus experiencias, opiniones y propuestas sobre la manera de responder a la presente situación, la cual ha exacerbado situaciones de desigualdad y las ha empujado hacia el aislamiento y la institucionalización.
A su vez, miembros del grupo de Costa Rica compartieron las buenas prácticas puestas en marcha en desinstitucionalización en el país.
Tras ello se generó un fructuoso debate que entre otros asuntos trató sobre cómo deben hacer las instituciones para trasmitir las recomendaciones del CDPD o las diferentes formas para adaptar sus modelos propuestos.
